Leyes Tributarias. Recopilación normativa. Decimocuarta edición 2017

Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Actualización junio 2015

Segundo y último tomo de la obra completa. Fray Domingo Soto (1494-1560). Fue uno de los grandes alumnos de Francisco de Vitoria. Estudió en Alcalá y en París. En 1520 regresó a la Universidad de Alcalá y se encargó de la cátedra de Metafísica. En 1525 ingresó en la Orden de Predicadores y en 1532 ocupó la cátedra de Teología en la Universidad de Salamanca. En 1548 es nombrado confesor del emperador Carlos I, pero renuncia tras dos años para continuar su trabajo en Salamanca. La justicia, según Domingo Soto, cofundador de la Escuela de Salamanca, es el eje que vincula ley y...

La presente obra contiene la legislación en materia de violencia contra las mujeres, recogiéndose las disposiciones más significativas de cada uno de los ordenamientos concurrentes, internacional, europeo, estatal y autonómico, así como otros textos relacionados con este tema y que han inspirado las diferentes legislaciones. El primer capítulo recoge la Normativa General, y se estructura, en cuanto a normativa internacional, en torno a las Normas del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos con Resoluciones Internacionales en el Marco de la Organización de las Naciones...

La presente obra efectúa un estudio sistemático de la contratación de los diferentes entes, organismos y entidades que componen el Sector Público. Sigue el esquema de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público que parte de la delimitación del ámbito subjetivo de aplicación. A tal efecto, distingue entre los poderes adjudicadores, sean o no "Administraciones Públicas" a los efectos de dicha Ley, y los no poderes adjudicadores, y establece tres diferentes niveles de aplicación, plena, parcial u opcional, en función de que los citados entes organismos y...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.