De las Cortes Españolas al Congreso de los Diputados: el devenir de su presidencia (1942-78)

Este estudio trata sobre los derechos sociales que se encuentran incorporados al catálogo de derechos fundamentales de las Constituciones. Como es bien sabido, la mayoría de las cláusulas constitucionales que pretenden garantizar derechos sociales están redactadas a través de formulaciones sucintas y con términos ambiguos o excesivamente vagos. Por eso, el interrogante que se plantea es si existe algún procedimiento de argumentación que permita justificar racionalmente su adjudicación judicial. Para responder a esta pregunta el autor partirá del marco teórico proporcionado por la...

En este libro se estudian seis figuras jurídicas del Derecho de sucesiones que han sido desarrolladas por el legislador español para reducir los efectos del riguroso sistema legitimario y así lograr ampliar la libertad testamentaria del causante. En concreto, se analiza el legado de bien indivisible e inoficioso del art. 821 del CC, la mejora en cosa determinada y también indivisible e inoficiosa del art. 829 del CC, el supuesto de partición especial del art. 1056.2 del CC, el supuesto general de pago de la legítima en metálico extrahereditario contenido en los arts. 841 al 847 del CC, ...

El sistema de atención a la dependencia, denominado SAAD, se articula en España a partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Individual y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Un día antes que la ley española, el 13 de diciembre de 2006, había sido aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para el Estado español el 8 de mayo de 2008. El enfoque basado en derechos y el modelo social de la discapacidad suponen los dos elementos que condicionan el régimen de la...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.