La relevancia del título oficial del perito criminalístico nombrado por el juez en la jurisdicción penal española.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, representa la respuesta de la sociedad y el legislador al tratamiento diferenciado de la delincuencia cometida por los menores y jóvenes en edades entre los 14 y 21 años, partiendo del principio del superior interés del menor, las garantías de nuestro ordenamiento constitucional y las normas de Derecho internacional, especialmente la Convención de los Derechos del Niño. La regulación expresa de la responsabilidad penal de los menores en una ley independiente del Código Penal se asienta en...

Esta obra se dirige específicamente a alumnos de titulaciones no jurídicas del ámbito de las Ciencias Sociales (como Relaciones Laborales, Ciencias Políticas y de la Administración, o Trabajo Social), que precisan de una formación básica en Derecho Público general y Administrativo en particular. Pensada principalmente en estos destinatarios, esta obra se realiza una selección de los contenidos fundamentales del Derecho Administrativo básico español, presidida por un esfuerzo pedagógico de síntesis, claridad y sencillez. Así, el texto contiene numerosas figuras, cuadros y tablas, ...

El sector eléctrico experimenta una cada vez mayor madurez tecnológica y constituye una pieza clave para la consecución de los objetivos de transición energética definidos a nivel nacional, europeo e internacional. La regulación del sector eléctrico debe procurar la sostenibilidad ambiental, pero sin olvidar la importancia que presenta la sostenibilidad económica del sistema. Es incuestionable que debe darse cumplimiento a los ambiciosos objetivos climáticos que han sido definidos a nivel internacional, pero ello debe sentar sus bases en un modelo económico capaz de retribuir...

Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptación, pero no ha abordado los aspectos jurídico-privados. Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de...